Desde los antiguos reinos de Oriente Medio, las civilizaciones han tenido códigos de leyes: recopilaciones de preceptos que recogen qué es y qué no es aceptable en una sociedad. El código sumerio de Ur-Nammu (cerca de 2100 a. C.) y el código babilonio de Hammurabi (cerca de 1760 a. C.) son los más antiguos conocidos en los que un gobernante expresaba sus "opiniones" sobre las malas conductas. Las leyes orales y escritas de la antigua Torá hebrea (cerca de 1330 a. C.) sentaron las normas religiosas y civiles del pueblo elegido por Dios. Pero fueron una vez más los romanos, gracias a su capacidad organizativa, quienes formalizaron el concepto con el Corpus iuris civilis (escrito entre el 529 y el 534 d. C.) del emperador Justiniano, donde se establecía cómo hacer frente a todas las disputas. En China, el último código exclusivo imperial de leyes fue el Gran Código Qing, con sus 1907 estatutos, que sufrió más de treinta revisiones y estuvo en vigor desde 1644 hasta 1912.

Por naturaleza, la ley codificada entra en conflicto con la idea de una autocracia: el gobierno según el juicio de una persona. Ello, por ejemplo, conformó los primeros debates chinos. ¿Los gobernantes chinos debían someterse a un código general, según sostenía Confucio, o tenían que estar libres de esas ataduras? En China, el debate se zanjó con el tiempo pero, en Europa, las ideas medievales del gobierno por mandato divino conllevaron que la adopción de tales códigos fuera escasa. Con la paulatina desaparición del feudalismo y la propagación de ideales igualitarios y nacionalistas surgió una nueva generación de códigos, como el código prusiano (1794), el código napoleónico (1804) o el código civil alemán (1896), siendo estos dos últimos el modelo seguido por la mayoría de códigos actuales. Hoy en día, casi todos los códigos tienen dos elementos distintos y están compuestos de un código civil (para resolver las disputas entre los ciudadanos) y un código penal o criminal (para sancionar a quienes cometen delitos y faltas).