El libertarismo es un principio político que intenta potenciar la libertad individual (la libertad de actuar sin perjudicar a los demás). En la jurisprudencia moderna, las corporaciones son personas jurídicas que, por ende, tienen ciertos derechos. Un sistema libertario corporativo sería aquel en el que la participación política se llevaría a cabo, principalmente, entre entidades corporativas, con una coerción mínima por parte del Estado en las interacciones entre las distintas "personas" de la sociedad. Las corporaciones pueden ser de diferentes tamaños, desde enormes organizaciones de miles de miembros a una única persona. El interés propio racional provocaría que la mayoría de las personas se viese beneficiada por este sistema; o esa es la teoría.

En este sistema, el gobierno existe principalmente para garantizar el cumplimiento de los contratos entre individuos. Los sistemas basados en el mercado regirían la mayor parte de las funciones de la sociedad, ya que los mercados incentivan la transferencia de bienes y servicios de un modo más eficiente. El gran argumento a favor de este sistema es que las soluciones políticas se implementarían por su eficiencia, en lugar de por haber sido impuestas por fuentes externas.

Este sistema gubernamental tiene detractores, por decirlo de un modo suave. Además del escepticismo ético que rodea al propio capitalismo, desde una perspectiva libertaria también hay una preocupación moral con respecto al transaccionalismo, como los acuerdos coercitivos entre partes con un poder desigual.